San Salvador, 22 de agosto, 2019 (UICN). El Proyecto Regional de Biodiversidad Costera, liderado por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), presentó los resultados de la “Tarjeta de Reporte Ambiental Cuenca Baja del Río Paz, El Salvador-Guatemala”, que revela el estado actual del territorio en términos ambientales, sociales y económicos.

En el área estudiada se registran 18 cuencas y 23 sub-cuencas hidrográficas. La delimitación geográfica del estudio abarca los recursos marino-costeros más importantes del territorio, que coinciden con las áreas naturales protegidas representativas de ecosistema de manglar y humedales.

De acuerdo con el estudio, existen diez áreas naturales protegidas, legalmente establecidas, dos en Guatemala y ocho en El Salvador. Se trata de las Áreas de Usos Múltiples Monterrico y Hawaii, y las Áreas Naturales Protegidas Santa Rita, Cara Sucia, El Chino, El Chino Porción Uno, Complejo Los Cóbanos, Complejo Barra de Santiago, Bola de Monte y Garita Palmera, que en total representan cerca de 40 mil hectáreas protegidas.

Destacan las propuestas para incrementar las hectáreas bajo categorías de protección. De concretarse las dos propuestas existentes se lograrían proteger 253 hectáreas más, correspondientes a los manglares de Metalío y Apancayo-Ayacachapa, en El Salvador.

En el sitio ocurren tres de las 34 ecorregiones terrestres de Centroamérica: los manglares de la costa norte del Pacífico seco de Centroamérica, el bosque seco centroamericano y el bosque húmedo de la sierra madre de Chiapas. De estos tres ecosistemas, este último se encuentra en peligro crítico, pues solo sobreviven 212 hectáreas y ninguna de ellas está protegida.

El estudio, basado en la revisión de documentación secundaria, confirma que la cobertura de manglar se ha reducido cerca del 50%, pero también revela que los esfuerzos de restauración del bosque salado en el sitio han sido positivos. Actualmente, los manglares constituyen la categoría dominante dentro del 20.5% correspondiente a hábitat naturales, ocupando el 7.8% del territorio, equivalente a unas 8.800 hectáreas.

De hecho, el estudio concluye que ecosistemas como la sabana de palma, la vegetación natural de playa y dunas, los pantanos costeros de agua dulce, los bosques estacionalmente inundables, los bosques siempre verdes y secos están mucho más amenazados que los manglares, sobre los que se han centrado los principales esfuerzos de protección.

La riqueza de especies se contabiliza en más de mil. Identificándose como endémico, para la región, el pez cuatro ojos (Anableps dowi). De acuerdo con la Lista Roja de Especies Amenazadas a nivel mundial de la UICN, el pez sierra se encuentra en peligro crítico, el tiburón martillo en peligro y como vulnerables se registran: el tiburón zorro y el azotador, la tepelcúa, el cocodrilo americano, la lora nuca amarilla y el coral elegante, todas especies presentes en la zona de estudio.

Territorio eminentemente agropecuario

Con respecto al uso del suelo, el 76% se dedica a la agricultura y la ganadería. En las comunidades de la parte interior de la franja costera predominan los cultivos de caña de azúcar, plátano, yuca y papaya. El porcentaje restante corresponde a un 20.5% de hábitats naturales o silvestres y un 3.5% de asentamientos humanos.

A lo largo del territorio de la cuenca baja del río Paz, los ecosistemas marino-costeros aportan una serie de servicios ambientales que sostienen la economía local, basada en la pesca, recolección de moluscos, crustáceos, huevos de tortuga, aprovechamiento de madera de mangle para leña y construcción, y ecoturismo, que incluye los empleos relacionados con la seguridad y el mantenimiento de casas vacacionales.

Tradicionalmente, la economía y seguridad alimentaria costera han dependido de la pesca de especies como pargo, pargueta, guachinango, róbalo, corvina, bagre, macarela, sardina, atún negro, casco de burro, concha, curil, ostra, camarón, langostino, langosta, cangrejo azul, punche y jaiba. El cangrejo azul, punche, casco de burro y concha son especies clave del Proyecto Regional de Biodiversidad Costera.

No obstante, la significativa reducción de las capturas en casi todas las localidades del territorio conduce a la búsqueda de alternativas de ingresos en el turismo y la recreación, y ha sumido al sector pesquero artesanal, que comprende unas 3.500 personas, en una profunda pobreza, lo que aumenta la presión por emigrar hacia las zonas urbanas u otros países.

Los Cóbanos, única área marino-costera protegida para El Salvador, constituye una notoria excepción en cuanto a la condición de las pesquerías, producto de la decisión de las comunidades locales de regular su sistema de pesca, desde hace más de 20 años.

El turismo es la segunda fuente generadora de ingresos para las comunidades de estas localidades. Las franjas costeras son zonas de turismo y ocio por excelencia en la cultura centroamericana, que han cobrado creciente importancia para el turismo internacional, en las últimas décadas.

En Barra de Santiago, por ejemplo, existe un grupo de lancheros turísticos de unos 20 integrantes, que abandonó la pesca comercial para dedicarse a ofrecer recorridos por los canales del manglar, donde el avistamiento de grandes cocodrilos es el principal atractivo.

Otras ocupaciones menos frecuentes incluyen caza, recolección de plantas y semillas, agricultura, comercio, fabricación de atarrayas y hamacas, cultivo de camarones y tilapias, producción de sal, reparación de motores, y servicios de construcción.

Por lo general, el comercio local es informal. La producción, tanto pesquera como agrícola, es concentrada por intermediarios externos que luego la comercializan en las principales ciudades.

Bajo 12 amenazas ambientales 

La cuenca baja de Río Paz enfrenta doce retos ambientales, encabezados por la contaminación de los humedales costeros, proveniente principalmente de las malas prácticas agropecuarias, desechos sólidos y aguas servidas sin tratamiento adecuado, tanto a lo largo de la costa como cuencas arriba.

El avance de la frontera agropecuaria, particularmente la expansión de las plantaciones de caña de azúcar, que en los últimos años ha reemplazado a otros cultivos y en muchos casos incluso a la ganadería. Muchas de las tierras ahora utilizadas para la caña pertenecieron a humedales, en particular tierras estacionalmente inundables.

Otra problemática que enfrenta el territorio es la tala ilegal de mangle para la venta, como leña y madera de construcción para viviendas tradicionales y construcciones turísticas. Los pobladores locales hacen uso para consumo familiar. Sin embargo, se presentan casos de tala ilegal con fines comerciales por parte de personas provenientes de comunidades no costeras o de lugares donde ya no se encuentra mangle de buena calidad.

El caudal ecológico necesario para los ecosistemas de manglar no se alcanza debido a las malas prácticas de riego en diferentes puntos de las cuencas y se agudiza debido a las inconsistencias meteorológicas.

Además, persisten malas prácticas de pesca y recolección, como la captura excesiva, la captura de individuos juveniles y especies acompañantes, el uso de artes inapropiadas de pesca y la destrucción de hábitat. El problema se ve agravado por la reducción de las poblaciones, debida principalmente a la contaminación y a la interrupción de los procesos ecológicos vitales, como el intercambio de agua dulce y salada en los estuarios.

El acceso a nuevos sitios previamente no explotados y el desarrollo turístico sin planificación incide en la desaparición y degradación de los hábitats naturales, como las comunidades de vegetación herbácea y arbustiva de playa, que además está acompañada del incremento de desechos sólidos y líquidos, y de la demanda de productos locales ya de por si escasos, como madera de mangle y varias especies de peces, moluscos y artrópodos.

Los bosques salados estatales están siendo sustituidos por plantaciones de caña de azúcar, pero también existe la usurpación de manglares, playas y dunas para vivienda e infraestructura vacacional y turística.

Por otro lado, la expansión urbana, que incluye desarrollos habitacionales y construcción de casas vacacionales, con frecuencia se asocia a la usurpación de tierras estatales. Muchas de estas construcciones se ubican en las barras de arena aledañas a las desembocaduras de los estuarios, que sufren desplazamientos naturales, lo que representa un riesgo para estos asentamientos.

Los remanentes de bosque seco y bosques estacionalmente inundables son particularmente susceptibles a los incendios forestales. Esta problemática también afecta a los manglares y a los humedales estacionales, sobre todo en los bordes de los cultivos de caña, que todavía son quemados para la zafra.

La variabilidad climática incide en el incremento del nivel del mar, los eventos climáticos extremos y los cambios meteorológicos afectan los caudales ecológicos de los ecosistemas fluviales, estuarinos, lacustres y palustres.

También, persiste la cacería ilegal de iguana verde, garrobo, venado cola blanca, mapache y pezote. Finalmente, se registra como amenaza la construcción de canales de irrigación y caminos privados de acceso.

¿Qué es una Tarjeta de Reporte Ambiental?

La Tarjeta de Reporte Ambiental (TRA) es una evaluación de los recursos naturales y los procesos socioeconómicos de un territorio en un momento determinado.

Basada en datos objetivos, la TRA sirve de herramienta para orientar el desarrollo local hacia un modelo más sostenible, que facilite y fomente la participación ciudadana para la gobernanza ambiental local. En este caso, el Proyecto Regional de Biodiversidad Costera lo utilizará como referencia para evaluar su impacto.

De acuerdo con Juan Pablo Domínguez, autor de la TRA Cuenca Baja del Río Paz, El Salvador – Guatemala, este tipo de estudios “ofrecen una instantánea actual de la situación socio-ambiental territorial, que sirve como línea base para comparar tendencias”.

El Proyecto Regional de Biodiversidad Costera, que se realiza gracias a la cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), trabaja por la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de ecosistemas marino-costeros en Centroamérica, mediante el desarrollo de iniciativas productivas de valor que propician el arraigo y fortalecen la capacidad de auto-gestión local.

Más información:

Evelyn Vargas

Especialista en comunicación

Proyecto Regional de Biodiversidad Costera

UICN

evelyn.vargas@iucn.org

Acerca de la UICN

La UICN es una Unión de Miembros compuesta por Estados soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Cuenta con la experiencia, los recursos y el alcance de sus más de 1300 organizaciones Miembro y los aportes de más de 10 000 expertos. La UICN es la autoridad mundial en cuanto al estado de la naturaleza y los recursos naturales, así como las medidas necesarias para protegerlos.