IUCN - Compensación por servicios ambientales: cada país construye su propio camino

Compensación por servicios ambientales: cada país construye su propio camino

27 October 2009 | News story
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Colombia cuenta con una estrategia nacional de pago por servicios ambientales en proceso de formalización; en Perú, el congreso discutirá próximamente el dictamen que surgió de la unión de dos propuestas; en Ecuador se trabajará pronto en una reglamentación, aunque ya se implementan esquemas voluntarios de compensación por agua y carbono.

En América del Sur, los esquemas de compensación por servicios ambientales se han utilizado, durante los últimos años, como una herramienta para la conservación y la restauración de ecosistemas naturales; por ejemplo, de cuencas proveedoras de agua para consumo humano y producción de energía hidroeléctrica. Cada país tiene marcos legales e institucionales diferentes, lo que muestra contrastes en el desarrollo de estrategias y mecanismos de compensación.

En Colombia, en 2007 se promulgó una ley que autoriza al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a diseñar y desarrollar instrumentos económicos y financieros para fomentar el conocimiento, la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad, lo que incluye el desarrollo de una estrategia nacional de Pago por Servicios Ambientales.

Con esta experiencia, Fabián Navarrete, de ECOVERSA, recomienda tener en cuenta tres aspectos para la construcción de esquemas de compensación por servicios ambientales:
1. Partir de los principios de colaboración y voluntad, que distinguen a estos proyectos.
2. Desarrollar un marco regulatorio claro, transparente y conciso; con roles, procedimientos y metodologías bien definidas.
3. Crear una regulación que atraiga la inversión.

“Lo primero es desarrollar una estrategia general de servicios ambientales que de las pautas, para después regular lo que sea necesario. Creemos que al ser una herramienta relativamente nueva, que se ajusta en la medida en que se va implementando, es más factible corregir un error jurídico en el tercer eslabón que en el nivel de constitución o de ley”, indica.

En Perú, la Constitución Política señala que todos los recursos naturales son patrimonio de la nación, lo que incluye a los servicios ambientales. También existen leyes generales, como la Ley del Ambiente y la Ley Orgánica de Aprovechamiento de Recursos Sostenibles, que mencionan los beneficios que otorgan éstos y la necesidad de establecer esquemas de pago o compensación. Así, el recientemente creado Ministerio del Ambiente presentó una propuesta de norma al congreso que será discutida por el pleno en las próximas semanas.

Milagros Sandoval, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, cree que a pesar de las normas y leyes al respecto, “existe la necesidad de conversar más a fondo sobre el tema de conceptos de servicios ambientales, que no toda la población entiende necesariamente, así como las implicaciones jurídicas, económicas y de distribución de beneficios.”

En Ecuador, el Artículo 74 de la nueva constitución señala que “…los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”.

Marco Chiu, del Ministerio del Ambiente, señala que será necesario analizar posibles esquemas para implementar el marco legal e institucional que mejor se ajuste a la realidad del país y que permita una adecuada regulación en el aprovechamiento de los servicios ambientales.

Así, para una primera etapa, se han considerados tres servicios ambientales: la regulación de gases de efecto invernadero; la regulación hidrológica, incluidos entre otros la regulación de flujos, reducción de riesgos de deslaves e inundaciones, mantenimiento de la calidad del agua y recarga de acuíferos; y la provisión de hábitat que facilita la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.

Juan Carlos Sánchez, del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la UICN, afirma que el pago por servicios ambientales es una herramienta compleja y que cada país debe hacer su propio camino. “Si bien es cierto los lineamientos de pago por servicios ambientales serán los mismos en las diferentes latitudes, la realidad de la aplicación de la herramienta va a variar en cada país, dependiendo del contexto nacional”.

“Lo que queda claro es que tenemos que trabajar con los elementos que ya tenemos. Que el Estado sea un actor principal, no quiere decir que necesariamente debamos crear instituciones nuevas que conlleven más gasto de recursos y más burocracia”, resalta Sánchez. “Podemos ser un poco creativos y utilizar los recursos que ya tenemos; por ejemplo los Comités o Juntas de Agua, que permiten descentralizar el control estatal”.

Los elementos contractuales son importantes, según Sánchez. “Hay que entender que dentro de la complejidad del pago por servicios ambientales como herramienta, al ser utilizada comúnmente en zonas rurales, donde el acceso a la información es limitado y no existe costumbre de tratar con políticos, abogados, hidrólogos, geógrafos, lo importante es que los contratos sean simples”, indica.

El CDA y el Grupo Katoomba América Tropical trabajan conjuntamente, desde enero de 2008, en una iniciativa que busca analizar los vacíos y limitaciones jurídicas que afectan a los proyectos y esquemas de compensación por servicios ecosistémicos.

“El derecho también puede servir como balanza, para hacer contratos más justos. Las comunidades locales no pueden quedar desprotegidas a la hora de implementar estos proyectos”, finaliza el experto.

Más información:
Doris Cordero, Oficial Programa de Bosques, UICN – Oficina Regional para América del Sur, doris.cordero@sur.iucn.org  
Juan Carlos Sánchez, Centro de Derecho Ambiental de la UICN, juancarlos.sanchez@iucn.org

 


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