La democracia está ampliamente extendida en América del Sur pero es considerada vulnerable pues existen recurrentes crisis de gobernabilidad asociadas a la crisis del modelo económico y a la inequidad social. En efecto, los albores del siglo XXI encuentran una región administrada por gobiernos civiles democráticamente electos, en contraste con el escenario político de los años 50 a 80 plagado de dictaduras, y gobiernos militares.

No obstante el escenario político actual es dinámico y convulsionado, lo cual indica que se atraviesa por un periodo de transición hacia esquemas políticos más maduros y estables frente a una sociedad civil cada vez más exigente respecto al desempeño de sus gobiernos.

La gobernabilidad en la región depende de los esfuerzos de mitigación de la pobreza y reducción de las desigualdades sociales. Para ello, no parece haber sido suficiente la apuesta de los años 90 según la cual si se abrían las economías y el PIB crecía de manera sostenida, la redistribución se daría de forma automática. En aquellos países donde esto se cumplió, a pesar de la ola de apertura económica y privatizaciones, aún se mantiene una inaceptable brecha social.


El debate al respecto es intenso, pero es evidente que el actual orden mundial no puede seguir siendo dominado por las reglas de los países hegemónicos y los grandes grupos económicos. La inequidad del orden mundial se reproduce a otra escala al interior de la región y al interior de los países.

La causa de fondo es que, más allá de las bien intencionadas declaraciones políticas, en la práctica las reglas del juego al interior de los países y en el escenario multilateral tienden a privilegiar los intereses de gobiernos y grupos económicos mejor dotados de herramientas de negociación y presión, en perjuicio de millones de personas marginadas.

En este contexto, la gobernanza ambiental se vuelve un tema particularmente complicado pues la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible pierden prioridad frente a las urgencias del entorno político y macroeconómico.

Hay que considerar que pese al "boom" de creación de instituciones, políticas y estrategias ambientales que siguió a la Cumbre de la Tierra de 1992, lo ambiental no se ha integrado de manera realmente efectiva a los planes y agendas nacionales de desarrollo. Por el contrario, en muchos espacios de decisión ha hecho carrera la idea de que la conservación del medio ambiente restringe el desarrollo económico y social. Esto promovido por una compulsión exportadora de materias primas extraídas mediante métodos que degradan la base natural, agotan los recursos y no generan valor agregado.

Frente a este planteamiento intenta abrirse espacio la idea alterna de que una gestión estratégica, participativa y equitativa de los ecosistemas sudamericanos puede ser decisiva tanto en el alivio a la pobreza como en el despegue económico de la región, cuya competitividad depende de una buena calidad de los ecosistemas y prestación de servicios ambientales. En esta perspectiva, una gestión sostenible de la naturaleza ha de reforzar mas que limitar el desarrollo de la región y el bienestar humano.

Resultados esperados

  1. Se ha contribuido a que los acuerdos de integración, acuerdos comerciales y tratados de cooperación regionales y subregionales (CAN, Mercosur, OTCA, etc.) incorporen los criterios de equidad en el acceso a recursos genéticos, distribución de beneficios, protección del conocimiento tradicional y los regímenes de propiedad intelectual negociados en el marco del CDB.
  2. Se ha contribuido efectivamente al enriquecimiento de las políticas nacionales de desarrollo forestal a fin de promover la integridad de los ecosistemas forestales y la mejora de la calidad de vida de sus poblaciones dependientes.
  3. La participación de los actores clave en el manejo integral de las cuencas hidrográficas y complejos de humedales, a escala regional y subregional, resulta fortalecida a través de estrategias de empoderamiento de dichos actores.
  4. Se ha mejorado la comprensión respecto al papel que los arreglos institucionales y formas de gobierno de las áreas protegidas, basados en la participación de todos los actores y el pluralismo jurídico, tienen en mejorar la efectividad del manejo, con especial énfasis en sitios adscritos a acuerdos internacionales.
  5. Se ha contribuido a mejorar la sostenibilidad financiera de los sistemas de áreas protegidas en la región, mediante el diseño y la aplicación de estrategias que consideren diversidad de mecanismos.
  6. Los constituyentes de la UICN han influido y apoyado de manera efectiva el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos en los principales acuerdos internacionales y grandes cumbres sobre desarrollo (i.e. Metas del Milenio y Plan de Johannesburgo), tanto globales como regionales (con énfasis en ecosistemas forestales, ecosistemas marino costeros, ecosistemas de agua dulce, recursos genéticos y áreas protegidas).